El subcontralor Augusto Paiva comentó a Radio Ñanduti que en el transcurso del día estarán remitiendo los informes sobre las irregularidades detectadas en el Instituto de Previsión Social (IPS) al Ministerio Público, a fin de iniciar una investigación de oficio.

Dichos datos se desprenden del Informe y Dictamen sobre la Ejecución Presupuestaria elaborado por el ente contralor, el cual constató inconsistencias tanto en IPS como así también en otras instituciones estatales.

El informe de la Contraloría sobre IPS consta de un total de 25 observaciones, en su mayoría por diferencias en la parte financiera y millonarios montos sin justificación o respaldo documental.

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Paiva confirmó que durante la auditoría se detectaron 9.355 artículos faltantes en concepto de equipos médicos y laboratoriales, maquinarias y equipos informáticos, lo cual representa una suma de G. 42.000 millones. “El IPS no sabe dónde están”.

Así también, se detectaron irregularidades en la fiscalización al Hospital Ingavi, con una diferencia de G. 1.300 millones en concepto de combustible. “Se cargó combustible en generadores del IPS pero no se enviaron los documentos de rendición de cuentas en ese ítem”, refirió.

A la par, la Contraloría logró descubrir cargas irregulares de combustible a vehículos de la institución, los cuales llamativamente superaron el consumo promedio de litros por cada 100 kilómetros. En el rubro de combustibles y lubricantes, el monto defraudado asciende a G. 2.400 millones.

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El informe también revela una diferencia de G. 21.000 millones entre la planilla de composición de pagos y el registro de la cuenta en el rubro subsidio por maternidad, correspondientes a los meses de junio a diciembre de 2022.

El presunto daño patrimonial causado a la previsional durante la administración de Vicente Bataglia asciende a casi USD 160 millones.

El secretario de Gestión de Riesgos de la Gobernación de Ñeembucú, Fabián Ojeda, indicó que las últimas inundaciones registradas en esta región del país afectaron a aproximadamente 1.806 familias.

Dentro de esta cifra se incluye a cientos de personas que se vieron obligadas a abandonar sus hogares ante el avance del agua, que se produjo luego de las intensas precipitaciones en dicho departamento.

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Actualmente, se realiza la distribución de kits de alimentos a casi 1.300 familias, aunque la cantidad resulta insuficiente para cubrir todas las necesidades, de acuerdo a la publicación del portal ADN.

El funcionario gubernamental afirmó que, en tan solo cuatro meses, llovió prácticamente el 90% de lo que acostumbra llover en el transcurso de todo un año.

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Distritos como Tacuaras, Guazu Cuá, Mayor Martínez y San Juan de Ñeembucú, además de la capital departamental Pilar, son algunos de los más afectados por las inundaciones.

Además de dejar los caminos intransitables y aislar a varias comunidades, también provocaron la pérdida de múltiples cultivos en la zona, lo cual repercute de manera negativa en la economía de los pequeños productores.

Santiago Llano Marín (28) falleció el martes por la noche luego de un accidente de tránsito sobre la Ruta Eco Via San Bernardino-Luque, donde su camioneta Toyota Hilux chocó contra un camión de la marca Mercedes Benz.

La Fiscalía abrió una investigación al respecto e imputó por homicidio culposo al señor Adán David Ortellado, chofer del camión, quien prestó declaración esta mañana y obtuvo medidas alternativas a la prisión, bajo una fianza de G. 500 millones.

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Por su parte, Blas Llano, padre del fallecido, dijo hoy en una entrevista con Telefuturo que no accionará contra el chofer ni impulsará ninguna medida en su contra.

Además de quedar sujeto a la fianza, sobre el chofer pesan otras medidas como: obligación de presentar mensualmente ante el Juzgado y las prohibiciones de salir del país y de consumir bebidas alcohólicas.

Ortellado aseguró que durante el percance ocurrido el martes por la noche, solamente sintió el impacto de la camioneta.

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Ronald Javier fue detenido en una barrera policial en Pedro Juan Caballero, y la revisión de los varios celulares que llevaba, determinó que uno de ellos revele su ubicación al momento del asesinato múltiple. Con esta aprehensión suman dos los capturados en torno al luctuoso suceso. El primero había sido el 15 de enero pasado, cuando detuvieron a Ángel Vera Benítez, un sujeto con frondosos antecedentes, cuatro de los cuales por secuestros.

La ejecución de los seis integrantes de la estancia Piky, según las pesquisas, tiene dos hipótesis de posibles causas. Una de ellas señala que los sicarios habrían actuado por mandato del recientemente fallecido Clemencio “Gringo” González.

Este habría pagado a los matones, impulsado por su afán de vengar el asesinato de su hijo Charles González, ocurrido el año pasado en Pedro Juan Caballero. Al parecer de los investigadores, Gringo habría recibido la información de que tres de los seis hombres que estaban en la estancia, habrían sido los que mataron a Charles. Y que para “asegurar”, los sicarios mataron a los seis.

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